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Dignifican a personas con discapacidad en BCS: capacidad jurídica para todos

Presentan Protocolo de Atención y Trato Digno a Personas con Discapacidad en Los Cabos.

Publicado el

Por: Ariel Zavaleta

LOS CABOS, Baja California Sur.- En su legislación, el estado de Baja California Sur cuenta con una figura inconstitucional llamada ‘interdicción’, que disminuye la capacidad jurídica de las personas atentando contra la dignidad humana y que pese a la existencia de una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se tiene fecha límite de implementación hasta 2027.

No obstante, se trabaja con el ‘Protocolo de actuación en los asuntos que integran personas con discapacidad en el procedimiento de declaración y cese del estado de interdicción’, dignificando a las personas con discapacidad, así lo dio a conocer en entrevista para POSTA, Claudia Janet Cota Peña, magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de BCS.

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¿Qué es la interdicción judicial?

La interdicción judicial es un proceso legal donde un juez decide que una persona necesita ayuda para manejar sus propios asuntos debido a una discapacidad intelectual, condición mental, física, o de otro tipo que limita su capacidad para tomar decisiones. Como resultado, se designa a un tutor para que administre sus bienes y tome decisiones en su nombre.

La interdicción judicial ha sido criticada por ser una medida extrema que puede vulnerar los derechos humanos. En respuesta, muchas jurisdicciones están adoptando enfoques menos restrictivos y más respetuosos de los derechos, como el uso de medidas de apoyo para la toma de decisiones en lugar de la sustitución de decisiones.

La magistrada explicó que no debe de existir algo parecido en las legislaciones en todos los estados de la República Mexicana, sin embargo, la figura de interdicción sigue vigente, por ello, desde el área de su competencia, se realizó el Protocolo de Atención y Trato Digno a Personas con Discapacidad, donde se explica que la interdicción ya no se debe de realizar ni estar vigente y por ende, se debe de aplicar un procedimiento vanguardista donde se le reconoce la capacidad jurídica a todas las personas con alguna discapacidad.

“Dentro de este protocolo todas las personas son iguales, pueden tomar decisiones, puede decirle al juez lo que desean y realizar actos jurídicos, en pocas palabras puede decidir plenamente y tendrán a una persona o más en apoyo, sin necesidad que decidan por él o ella como antes se hacía”

Claudia Janet Cota Peña, 

magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de BCS.

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Informó que para este tipo de situación, el Tribunal Superior de Justicia no estaba preparado para hacer frente, porque de manera paternalista se buscaba cuidar a este sector de la población, pero ahora se reconoce su dignidad humana.

“Este protocolo es para todas las autoridades en el ámbito de su competencia y se puede encontrar en la página web del tribunal; es de observancia obligatoria, es decir, todas las personas lo debemos de acatar, tanto las justiciables como los órganos operadores y las instituciones administrativas, en ese sentido, vamos a dignificar a las personas con discapacidad”, Claudia Janet Cota Peña, magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de BCS.

Claudia Janet Cota Peña, 

magistrada titular de la Tercera Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de BCS.

La implementación del 'Protocolo de actuación en los asuntos que integran personas con discapacidad en el procedimiento de declaración y cese del estado de interdicción' en Baja California Sur representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos. En este contexto, es esencial que todas las autoridades y ciudadanos se familiaricen con el protocolo y lo implementen adecuadamente, reconociendo que cada persona tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y vivir con dignidad. Así, Baja California Sur avanza hacia un futuro más justo y equitativo para todos.

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